“La Justicia ha sido la hermana pobre del Estado durante siglos”

gullon1La sala IV del Tribunal Supremo(TS), también llamada de lo Social, la conforman 12 magistrados y dos juristas, elegidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tienen como labor principal resolver más de 5.000 recursos al año relacionados con el mundo laboral y de la Seguridad Social. Desde 2012, su presidente es Jesús Gullón, quien ha abierto a Mirada21.es las puertas del órgano supremo de la Justicia española para hablar de su funcionamiento y de temas de actualidad como la ley de tasas judiciales, la última reforma laboral o el número de aforados que hay en España.

¿A qué se dedica un juez de lo Social?
El juez de lo Social se dedica fundamentalmente a dos grandes áreas del Derecho: el Derecho del Trabajo y el mundo de la Seguridad Social, próximos pero muy diferentes desde el punto de vista normativo. El mundo del Derecho del Trabajo serían aquellas vicisitudes que tiene un trabajador desde que entra en una empresa hasta que sale, es decir, desde los contratos de trabajo, el salario, las horas extraordinarias… hasta el despido o la jubilación. Después entramos en el mundo de la Seguridad Social, que se ocupa de las grandes prestaciones, que incluyen la incapacidad temporal, el accidente de trabajo, la viudedad, la orfandad…, todo lo que es la protección de la persona cuando tiene algo que le impide trabajar.

¿Cómo funciona el Tribunal Supremo y en particular la sala IV?
Esto es un órgano colegiado formado por cerca de 80 jueces. La diferencia entre un juzgado y un tribunal es que en el tribunal son varias personas las que componen la sala. Cada uno de nosotros tenemos una serie de asuntos repartidos a lo largo del mes, y tres días a la semana deliberamos y ponemos sentencias. El Tribunal Supremo tiene cinco salas, la cuarta es la sala de lo Social, y las dos secciones que tiene la sala, formadas por seis jueces cada una, se componen en función de las necesidades, no somos siempre los mismos, los que ese día no tienen deliberaciones tienen otras sentencias que escribir. En total somos 14 personas en la sala para resolver más de 5.000 recursos al año, es casi inabarcable.

¿Qué diferencia a un juez común de un magistrado del Tribunal Supremo?
Mi día a día como juez del Tribunal Supremo quizá sea un poco atípico. El mundo de la jurisdicción se estructura piramidalmente, cualquier persona que tenga un problema laboral tiene que plantear una demanda en un juzgado. Este pone una sentencia que puede ser recurrida ante las salas de lo Social de los tribunales superiores de Justicia de las 17 comunidades autónomas y de algunos tribunales superiores más, porque en Andalucía hay tres salas de lo Social. Las sentencias que dictan estos tribunales también pueden ser recurribles cuando son divergentes. Si Barcelona dice una cosa y Madrid dice otra en el mismo problema jurídico nosotros unificamos la jurisprudencia, esa es nuestra principal función. También tenemos otra competencia que es, por ejemplo, los ERE. Cuando el trabajador quiere impugnar un despido acude a la jurisdicción social.

¿Se puede ser juez y tener una visión social?
El juez es una persona, y como cualquier persona yo leo el periódico cada mañana y me formo una opinión de cualquier problema social. Lo problemático sería que viviésemos fuera de la sociedad. El poder judicial ocupa uno de los tradicionales poderes del Estado. Pero nosotros no somos competentes para hacer las leyes, los ciudadanos eligen a sus representantes que son los que hacen las leyes. En ocasiones, confundimos la función judicial o un mal funcionamiento de la Justicia con una mala redacción de una ley. El juez aplica la ley, pero no es responsable de su bondad o de su maldad. Ahora, por ejemplo, se quiere establecer una especie de cadena perpetua revisable, el juez tendrá que aplicar esa norma aunque no le guste.

¿Un juez, entonces, no se puede abstener de aplicar una ley?
Es como cuando se aprobó la ley de divorcio o la ley del aborto, si tú no eres capaz por conciencia de aplicarlas te tienes que marchar de la carrera, lo que no puedes decir es que tu conciencia te lo impide. Si creo que hay una ley que no es constitucional tengo que elevar la cuestión al Tribunal Constitucional, yo no puedo decir por mí mismo que no la aplico, que me aparto de la ley o que me invento una ley, esa es la estructura fundamental del Estado de Derecho. Lo que ocurre es que la ley no siempre es clara y con frecuencia encontramos preceptos susceptibles de interpretación, y ahí es donde a lo mejor puede entrar un poco el corazoncito del juez. Ante dos soluciones posibles intentas buscar la que esté más de acuerdo con tu conciencia y eso es normal, completamente normal.

¿Qué opinión le merece la última reforma laboral aprobada por el Gobierno?
La reforma ha sido muy compleja, podríamos decir que hasta ahora no ha servido para crear empleo, es obvio. Quizá se redactó con buena fe, dotando de mayor flexibilidad a las empresas en temas de contratación y en la flexibilidad de salida, en los ERE, los despidos colectivos, se rebajaron las indemnizaciones… hacer una valoración de todo esto es complicado pero sí se puede decir que de lo que había antes a lo que hay después de febrero de 2012 ha habido un retroceso de derechos laborales y eso nadie lo puede negar.

¿Qué piensa de la ley de tasas judiciales del ex ministro Ruiz-Gallardón?
Aquí en lo Social lo tuvimos muy claro, dijimos que las tasas no eran de aplicación para los trabajadores, sindicatos y para los beneficiarios de la Seguridad Social. Hicimos una interpretación compleja de la normativa existente y llegamos a esa conclusión. Obviamente, la ley de tasas es una ley recaudadora, el esquema de Gallardon, para que vea que no es una cuestión de los jueces sino del Parlamento, era que como la Justicia es cara, porque esto le cuesta dinero al contribuyente, hagamos que quien la utiliza la pague, al menos una parte. La ley sigue en funcionamiento y creo que se va hacer alguna modificación por parte del nuevo ministro sobre la proporcionalidad, porque daba igual que alguien tuviera miles de millones y otro no tuviera casi recursos, ya que la tasa era la misma, eso era criticable. En principio, a mí me parece que era innecesario irrumpir en un tema como este, en un ámbito en el que tradicionalmente teníamos como orgullo que la Justicia en España era gratuita. Ojo, hablo del acceso a la Justicia, la gente a veces lo confunde, al abogado hay que pagarle y desde luego no son baratos. Que esta ley se haya hecho por motivos económicos en un momento de crisis a mí particularmente no me gusta, pero yo soy respetuoso y la ley hay que aplicarla.

¿Qué le parece la separación de los jueces por asociaciones?
“Separados” yo no diría que es la palabra adecuada, agrupados, asociados… Yo en concreto no estoy en ninguna, pero quizá porque no me siento identificado. Los medios de comunicación tienen algo de culpa, en el sentido cariñoso, al agruparnos por sectores políticos. A mí eso nunca me ha gustado, yo prefiero no ser encuadrado en ningún lugar. En Chile, por ejemplo, solamente hay una asociación, yo no tendría inconveniente de estar en una asociación, porque realmente es uno de los canales legítimos para que tu voz se pueda oír en algunos ámbitos. No es tanto como un sindicato, pero es un sistema profesional, siempre y cuando las asociaciones se limiten a la reivindicación de aspectos profesionales. Yo no estoy de acuerdo con que una asociación se meta en temas políticos, basándome en la estricta división de poderes del Estado de Derecho.

¿Existe división de poderes en España?
Hay una tentación permanente, y yo lo entiendo, en algunos poderes del Estado, de entrar unos dentro de otros, es la típica lucha dentro de la sociedad, pero yo creo que tenemos una carrera judicial independiente. Tenemos un Estado muy razonable, muy mejorable evidentemente desde el punto de vista de la igualdad, la seguridad… pero tenemos una Justicia razonablemente objetiva e imparcial. Yo creo que en los últimos tiempos, de alguna manera, esta opinión que le doy se está demostrando. Hay una sensibilidad o vinculación próxima a la sociedad, pongamos el suelo de las hipotecas o algunas cuestiones planteadas en Luxemburgo en temas de desahucios.

¿Los jueces pueden cambiar la sociedad?
La sociedad la tiene que cambiar las leyes. El ciudadano no vota a los jueces, el ciudadano vota a los parlamentarios y estos, cuando concurren a las urnas, lo hacen con un programa de transformación de la sociedad. Este año estamos de elecciones y tenemos varias expectativas electorales, algunos de esos programas son más revolucionarios que otras veces, contienen propuestas de cambio bastante interesantes o importantes, drásticas incluso, ahí es donde tiene que cambiar la sociedad, en el Parlamento y no los jueces. Nuestra tarea es aplicar la ley, el día que nosotros seamos legisladores invertiremos completamente los valores del Estado de Derecho.

¿Las sentencias de la Unión Europea son de obligado cumplimiento?
La Unión Europea es algo especial dentro del mundo, es una cosa única, no hay ninguna comunidad universal de naciones independientes donde haya una normativa superior. El juez español tiene que aplicar el “principio de primacía”, la ley de la Unión está por encima de la legislación nacional. A veces, cuesta entender que algo externo, de hecho hay un Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dicte sentencias vinculantes para el Tribunal Supremo español. Nosotros cerramos la cúpula en el Estado, pero hay que saber que hay unas directivas comunitarias que son obligatorias.

¿Qué le parece el número de aforados que hay en España?
Yo diría que hay algunos aforamientos que quizá son razonables, lo que no es razonable es que en este país haya miles de aforados, eso realmente no tiene mucho sentido. Alguien puede pensar que yo soy corporativo, pero quizá el aforamiento tiene razón de ser cuando se trate de los jueces y magistrados o del presidente del Gobierno. Si a un presidente del Gobierno lo pudiera juzgar un juez de Plaza de Castilla sería un poco más delicado, o que un juez del Supremo fuera juzgado por un juez de la Plaza de Castilla, quizá habría un cierto desequilibrio. Es una opinión meramente personal.

¿Cuáles son los principales problemas de la Justicia española?
Son muchos. En primer lugar, la proliferación y la calidad normativa. En España hay quizá un exceso de leyes, hay un exceso de regulación y esta no siempre es clara. A veces, se legisla a golpe de supuesto de hecho, hay un acto terrorista e inmediatamente provoca una reacción ciudadana y una reacción legislativa. No siempre es bueno legislar en caliente. La Justicia también ha sido la hermana pobre del Estado durante siglos, se puede coger un libro de hace 200 años y encuentras las mismas quejas que ahora, es un problema de medios, que aquí, por ejemplo, no tengamos WiFi todavía instalada, que el sistema informático sea obsoleto… Se están haciendo esfuerzos y la Justicia es cara, y no tan visible de utilidad directa como la Educación o la Sanidad, pero la Justicia es un elemento clave en la sociedad. Muchas veces no tenemos peritos, tienes que acudir a Hacienda, a la banca, miles de recursos… estamos utilizando herramientas procesales del siglo pasado. También hay una tendencia natural a recurrir cualquier resolución judicial, hace poco se ha visto en Palma de Mallorca, cualquier decisión del juez instructor era objeto de varios recursos. Todo eso dificulta y quizá se solucionaría con algunos medios más, sobre todo para los grandes procesos, porque el juez de Palma o el juez Ruz no son los únicos asuntos que llevan. Quizá sea impopular, pero la carrera judicial es una carrera muy sacrificada y con gente que trabaja mucho más de lo que la gente cree, el juez cuando sale del despacho no se va a su casa a no hacer nada, se lleva la cartera llena de asuntos.

¿Qué diría del vicio de la gente a recurrir las sentencias?
No es un vicio. Las leyes establecen un sistema de recursos y es completamente legítimo para la parte instar recursos. El sistema procesal quizá propicia que se eternicen las causas, pero no el vicio de la gente. Yo en este país no conozco a nadie que diga que ha perdido un pleito porque no tenía razón, y esa es una de las causas por las que la Justicia es poco fotogénica. Uno siempre sale molesto, yo tenía razón y no me la han dado, es un problema ancestral e insoluble. Obviamente, el que ha perdido lo que quiere es que le den la razón y acude a donde tenga que acudir, lo oyes en la prensa que se dice “yo voy a donde haga falta, a Estrasburgo, a Luxemburgo, a donde haga falta”, es legítimo, pero naturalmente esto dilata las cosas.

¿Habrá algún día una ley de huelga en España?
En estos momentos, nos estamos rigiendo por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1988. Proyectos de ley de huelga en este país ha habido muchísimos, que dormirán probablemente en varios cajones de algún ministerio. No se han atrevido hasta ahora a hacerlo, quizá porque a veces al legislador le viene bien que los jueces tengamos que agarrar la patata caliente y porque no es fácil hacer una ley de huelgas. La ley de huelga fundamentalmente se basa en la existencia de unos servicios mínimos y que esos servicios mínimos se puedan revisar judicialmente, lo mismo que la legalidad o la ilegalidad de la huelga, pero todo es a través de jurisprudencia, no hay una ley hoy en día.

(Leer original aquí) #Mirada21

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